Entre 1966 y 1968, la dictadura de Juan Carlos Onganía cerró 11 de los 27 ingenios existentes en Tucumán (Argentina). La medida provocó el colapso de la agroindustria azucarera y forzó a gran parte de su población a emigrar en busca de trabajo. El cierre desarticuló la vida comunitaria y generó una crisis social profunda cuyas consecuencias todavía marcan la realidad de la provincia. Fue una historia de derrotas y resistencias.
Consolidación y bases del modelo agroindustrial tucumano
La agroindustria azucarera tucumana se consolidó hacia finales del siglo XIX. Este salto fue posible por la inversión de los empresarios provinciales y el estímulo del Estado nacional, que subió los aranceles al azúcar importado para evitar el ingreso del producto al país. Bajo esta lógica proteccionista también otorgó créditos y construyó el ferrocarril.
Este complejo representó un caso temprano de sustitución de importaciones. Es decir, su producción se orientaba, exclusivamente, al mercado nacional, ya que los elevados costos de elaboración impedían que el azúcar argentino compitiera con el internacional. El modelo se caracterizó por una profunda integración social y productiva, que dio origen a los “pueblos azucareros”.
La iniciativa patronal y la intervención del Estado llevaron a los empresarios azucareros a construir hospitales, escuelas y clubes para trabajadores y empleados. A la vera de las estaciones ferroviarias se desarrollaron pueblos que no estaban sujetos a la autoridad de los ingenios. Vivían allí comerciantes, productores agrarios, trabajadores y profesionales. Se instalaron instituciones estatales como la policía, el registro civil y los juzgados de paz. Se gestó una activa vida vecinal, con múltiples actividades cívicas, sociales, culturales, religiosas y deportivas, proceso que se potenció durante el peronismo con la creación de sindicatos que nuclearon a obreros (FOTIA) y empleados (FEIA). Los cañeros o productores agrarios también se organizaron (UCIT).
A mediados del siglo XX, esta estructura sostenía a miles de cañeros independientes y a 27 establecimientos fabriles que dinamizaban la economía regional.
Tucumán no era la única provincia azucarera del noroeste argentino. Los ingenios de Salta y Jujuy también tenían un lugar importante en el mercado nacional. Entre las dos regiones azucareras había grandes diferencias. En Tucumán se destacaba la presencia de plantadores de caña que proveían de materia prima a los ingenios. El clima era menos favorable, lo que generaba mayores costos para producir azúcar. Los ingenios de Salta y Jujuy se abastecían con sus propios cañaverales y obtenían mayores rendimientos debido a un mejor clima. A pesar de estas desventajas, para mediados del siglo XX Tucumán era el mayor productor de azúcar de la Argentina.
Durante el primer peronismo, el Estado nacional intervino a través de leyes y decretos para regular el funcionamiento de la agroindustria y garantizar una mejor distribución de costos y beneficios entre los distintos actores: empresarios, trabajadores y cañeros.
Factores de desestabilización y crisis de sobreproducción
A partir de 1955, con el derrocamiento del peronismo, se puso fin a la presencia reguladora del Estado nacional, lo que dio inicio a un proceso de deterioro económico y crisis productiva para la provincia. Fue el propio Estado el que cambió de rumbo y retiró su presencia, proceso que se profundizó a partir de 1966.
Quienes se beneficiaron con el deterioro de la agroindustria tucumana fueron los ingenios de Salta y Jujuy, nucleados en el Centro Azucarero del Norte Argentino y liderados por el ingenio Ledesma. Esta corporación estuvo presidida por José Alfredo Martínez de Hoz, referente del neoliberalismo económico, lo cual revelaba la articulación de intereses entre los propietarios de los ingenios del norte con los sectores financieros de la Capital Federal. Tucumán perdió competitividad frente a los ingenios del norte argentino, los cuales poseían menores costos operativos y una mayor escala de producción.
La situación alcanzó un punto crítico en 1965 tras una sobreproducción récord. Esta crisis generó una gran cantidad de azúcar que el mercado nacional no pudo absorber, lo que provocó una caída drástica de los precios y generó deudas salariales. La decisión del gobierno nacional de suprimir el financiamiento bancario oficial precipitó la insolvencia de numerosas empresas y un ahogo fiscal en el estado provincial. Este escenario de asfixia financiera potenció la conflictividad social, manifestándose en tomas de fábricas y protestas lideradas por obreros y productores cañeros.
El cierre de ingenios
El 22 de agosto de 1966 se promulgó el decreto-ley 16.926, que ordenó la intervención y posterior desmantelamiento de siete ingenios tucumanos bajo la gestión de un interventor militar. Bajo un discurso centrado en la eficiencia y la modernización, la dictadura de Juan Carlos Onganía caracterizó a la industria tucumana de obsoleta y antieconómica.
El proceso concluyó con el cierre final de 11 de las 27 fábricas existentes, desarticulando un tercio del aparato productivo provincial entre 1966 y 1968. Para sofocar la resistencia popular, el Estado militarizó los pueblos azucareros con tropas de Gendarmería y la Policía Federal.
Debacle social inmediata: desocupación y migración forzosa
Las implicancias socioeconómicas del cierre masivo fueron devastadoras, resultando en la pérdida de aproximadamente 50.000 puestos de trabajo en el sector azucarero y actividades conexas. Esta desocupación forzó una migración masiva de cerca de 200.000 personas —un tercio de la población provincial— hacia los cordones periféricos de San Miguel de Tucumán, Buenos Aires y otras regiones. En las localidades afectadas, la pauperización social se profundizó drásticamente, surgiendo las “ollas populares” como estrategia de subsistencia frente al hambre y la desnutrición infantil.
La violencia estatal para imponer estas drásticas medidas alcanzó su punto álgido en una protesta de FOTIA que concluyó con el asesinato de Hilda Guerrero de Molina, activista sindical, peronista y esposa de un ex trabajador del ingenio Santa Lucía (enero de 1967). El cierre de los ingenios, el vaciamiento demográfico y la clausura de la actividad comercial generaron un proceso de crisis sin parangón en la historia argentina.
Fue una historia de derrotas y resistencias.
Las resistencias al colapso: las Comisiones Pro Defensa y la creación de la Compañía Nacional Azucarera
Ante la inminencia de la clausura de las fábricas, las comunidades locales resistieron mediante la formación de Comisiones Pro Defensa (CPD) en catorce localidades azucareras. Estas organizaciones se distinguieron por su carácter multisectorial, logrando unir los intereses de obreros, productores cañeros, comerciantes, docentes y vecinos en una estrategia unificada de salvaguarda productiva, comunitaria y territorial.
Un factor determinante fue el liderazgo de los curas párrocos, vinculados mayoritariamente al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM), quienes legitimaron la resistencia popular al otorgarle una dimensión ética y comunitaria. El repertorio de confrontación desplegado trascendió la acción sindical clásica, incorporando prácticas como huelgas de hambre y misas de campaña.
Mientras que en casos como el de Bella Vista la intermediación de la comisión posibilitó que el ingenio siga produciendo bajo una gestión cooperativa, en otros núcleos como Villa Quinteros la movilización enfrentó una represión estatal de extrema violencia. En definitiva, estas experiencias permitieron “comunizar” el conflicto, sentando las bases organizativas para el posterior ciclo de beligerancia popular urbana.
En 1970 se creó la Compañía Nacional Azucarera (CONASA), una empresa estatal que permitió reactivar ingenios bajo control público para mitigar la crisis. Su surgimiento marcó el fin del colapso iniciado en 1966 al equilibrar el mercado interno y limitar el avance de los monopolios de otras provincias. La medida brindó una salida productiva estable para los trabajadores.
Esta posibilidad se cerró definitivamente con la dictadura de 1976, que clausuró CONASA y profundizó la violencia contra el movimiento obrero tucumano, resultando en el asesinato y desaparición de cientos de delegados de fábrica. Dentro de este plan represivo, fueron ejecutados los referentes sindicales de CONASA, Atilio Santillán y Benito Romano.
Este accionar sistemático buscó desmantelar las estructuras de resistencia y borrar definitivamente la memoria de las luchas sociales en los pueblos azucareros.
Reconfiguración estructural y legado en la memoria colectiva
A largo plazo, el colapso azucarero consolidó un proceso de desindustrialización y fragmentación social cuyas huellas persisten en la estructura social y económica de la provincia.
Los intentos de generar nuevas fuentes de trabajo, como el “Operativo Tucumán” anunciado por la dictadura de Onganía, fracasaron al no poder absorber la mano de obra desplazada ni generar empleos estables.
Hoy, las viejas chimeneas permanecen como símbolos de una memoria colectiva que reivindica las luchas de resistencia frente a la destrucción del modelo comunitario. Este quiebre traumático es reconocido formalmente desde 2021 como el Día Nacional del Desagravio al pueblo tucumano, reflejando la vigencia de una deuda histórica y social.
